¿Debe ir preso un comunicador por difamar? La pregunta que encendió el debate sobre el nuevo Código Penal

Nuriely García, Carolina Álvarez y Pedro Hernández
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La posibilidad de que un comunicador pueda enfrentar una pena de prisión por difamación encendió uno de los debates más intensos durante la tercera edición de “RD Debate”, espacio en el que reconocidos juristas confrontaron sus posiciones sobre los cambios, alcances, fortalezas y riesgos del nuevo Código Penal dominicano.

Puntos clave

• La libertad de expresión, el ejercicio periodístico, la protección del honor, la persecución de la corrupción, la extinción de dominio, la duración de los procesos judiciales y los desafíos que plantea la inteligencia artificial formaron parte de un intercambio que puso sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su facultad de sancionar sin poner en riesgo derechos fundamentales?
• El encuentro contó con la participación de los abogados Pedro Casals, Miguel Valerio Jiminián, José Martínez Hoepelman, Francisco Álvarez Martínez, Cándido Simón y Manuel Fermín Cabral, mientras que Eduardo Saint Hilaire participó como moderador invitado junto a los moderadores habituales Jaime Rincón y Víctor Gómez Casanova.
• La libertad de expresión bajo la lupa
  El abogado José Martínez Hoepelman defendió la necesidad de fortalecer la protección de la libertad de expresión y planteó que los delitos relacionados con la palabra cuando se refieran a asuntos públicos, deberían salir del ámbito penal.
• A su juicio, el derecho a expresarse y a cuestionar las actuaciones del poder constituye un componente esencial de una sociedad democrática.

Contexto adicional

En esa línea, consideró que no deberían establecerse penas por el uso de la palabra cuando las expresiones estén relacionadas con cuestiones públicas o asuntos de interés nacional. Hoepelman también planteó la creación de un mecanismo especializado para conocer los casos de difamación e injuria vinculados con asuntos públicos, diferenciándolos de conductas como la extorsión. Sin embargo, el profesional del derecho también advirtió sobre los posibles conflictos con principios fundamentales del debido proceso cuando se pretenda utilizar la extinción de dominio sobre los mismos bienes y hechos que ya fueron objeto de un proceso penal.

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Información basada en una publicación original de El Nuevo Diario (República Dominicana).